Casi un mes después de la entrada masiva de entre 72.000 y 80.000 migrantes irregulares a Ceuta a finales de julio, el Gobierno español reconoce que al menos 2.200 personas permanecen aún en las calles de la ciudad autónoma, mientras otras estimaciones elevan la cifra por encima de 10.000. La opacidad en el recuento y la ausencia de una cifra oficial fiable alimentan la disputa política entre el Ejecutivo central y el presidente ceutí Juan Jesús Vivas (PP), que rechaza el uso de polideportivos para alojar a los inmigrantes.
La complejidad de la situación se explica por varios factores combinados. No todos los migrantes están en la misma situación legal: hay adultos y menores, procedentes de países "seguros" como Marruecos y de países "no seguros" como Sudán, Siria o Afganistán, y algunos podrían solicitar asilo, lo que obliga a las autoridades a abrir expedientes individuales. Además, los que entraron entre el 30 y el 31 de julio superaron hace días el plazo de 72 horas que facilita la expulsión exprés, lo que obliga a recurrir a centros de internamiento de extranjeros y a procedimientos reglados por la Ley Orgánica 4/2000.
La crisis se complica con la dimensión europea —la UE avala las devoluciones— y con la sensibilidad política interna: el precedente de 2021, cuando una repatriación exprés de menores acabó con condenas por prevaricación, frena cualquier operación rápida. A esto se suma la postura de Marruecos, cuya colaboración es imprescindible y que reaviva el discurso sobre Ceuta y Melilla como territorios "ocupados".