Un ensayo económico cuestiona la premisa de que toda la población deba estar empleada. El autor parte de una conversación con una amiga cuya respuesta —"a todos les debería tocar trabajar, así puedo comprar más cosas"— esconde una lógica que la economía no siempre respalda. Así como el agua no se extrae sin freno o el petróleo llegó a tener precios negativos para indicar saturación, el trabajo es un recurso cuyo uso pleno no siempre conviene: hay casos en los que la economía preferiría pagar a una persona por no incorporarse al mercado laboral, pero el sistema fiscal no lo permite.
El texto sostiene que el umbral de productividad exigible sube sin cesar con la tecnología, y que asignar un puesto a quien no alcanza ese umbral puede costar a la economía más que el beneficio que aporta. La consecuencia es que las políticas públicas se ven obligadas a "crear empleo" para evitar la pobreza, aunque el conjunto de la economía sí podría sostener a esa persona: el problema es que el único canal actual de reparto es el salario. El autor apela a los hallazgos de Acemoglu y Restrepo (2026), que muestran que durante los últimos cuarenta años esa presunción ha resultado contraproducente, y avanza que su propia investigación sobre la determinación de los salarios extiende esa idea.