El Departamento de Policía de Eugene, Oregón, ha exigido a la cadena de noticias Double Sided Media un pago de 2,5 millones de dólares para procesar un pedido de registros públicos sobre el comportamiento de un oficial, Justin Peckels. La demanda, presentada en agosto, buscaba documentar posibles irregularidades entre 2018 y 2026, incluyendo una acusación de que el oficial golpeó a un residente durante una detención por tráfico. La ciudad justificó la cifra basándose en la necesidad de revisar 44.816 horas de tiempo laboral, argumentando que no podía limitar la búsqueda a los custodios específicos de los registros, sino que debía revisar todos los empleados de la ciudad. Esta práctica contrasta con la inversión de 342.000 dólares en lectores de matrículas con inteligencia artificial, lo que sugiere una estrategia de intimidación para disuadir a los periodistas. La situación se suma a una serie de casos históricos donde agencias federales han cobrado tarifas prohibitivas, como la Defensa Nacional en 2015, que estimó un coste de 660 millones de dólares para un solo pedido. Mientras la cadena de noticias apela la decisión, los críticos señalan que esta táctica convierte el derecho a la información en una herramienta de control policial, a menos que el Congreso establezca límites de tarifas y exenciones para el interés público.
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