El Gobierno neerlandés ha vetado la venta de la firma tecnológica Solvinity a la estadounidense Kyndryl —escisión de IBM dedicada a infraestructura— por considerar que la operación amenaza el interés público, en un nuevo episodio del creciente choque tecnológico entre Europa y Estados Unidos. El acuerdo, ya cerrado entre las partes, ascendía a 100 millones de euros.
Solvinity, fundada en 2015 y con sede en Ámsterdam, es la encargada de gestionar DigiD, el sistema nacional de identificación que utilizan los 18 millones de ciudadanos del país para acceder a servicios públicos esenciales: pago de impuestos, historiales médicos, pensiones, prestaciones sociales y expedientes académicos. La empresa también sostiene la tecnología de la plataforma de comunicación interna del Gobierno.
Según un dictamen confidencial del Ejecutivo neerlandés al que ha tenido acceso The New York Times, la adquisición generaría una dependencia digital inaceptable dada la imprevisibilidad geopolítica. Las autoridades temen que leyes como la CLOUD Act permitan a Washington obligar a la matriz de Kyndryl a entregar datos sensibles de la ciudadanía europea o a interrumpir suministros críticos, el mismo argumento que ha llevado al Tribunal de Justicia de la UE a tumbar en dos ocasiones los acuerdos de transferencia de datos entre Bruselas y Washington.
Washington intentó desbloquear la operación por la vía diplomática: el embajador estadounidense y la Oficina del Representante Comercial presionaron a La Haya, sin éxito. La Casa Blanca enmarca el veto en una supuesta ofensiva europea contra sus tecnológicas, mientras Países Bajos lo presenta como una decisión de soberanía digital y protección de infraestructuras críticas.