Paramount habría recurrido a una organización sin ánimo de lucro llamada Neighbors for Strong Communities para enviar mensajes de texto a residentes de California y presionar al fiscal general del estado, Rob Bonta, para que retire su demanda antimonopolio contra la fusión de 111.000 millones de dólares con Warner Bros. Discovery, según informa The Intercept. Los mensajes advertían de que la oposición de Bonta costaría al estado miles de empleos, basándose en la supuesta amenaza de David Ellison de trasladar Paramount a Texas. La organización, creada hace apenas tres meses, carece de fundadores, junta directiva y donantes identificados, y su sede es un apartado postal en una tienda UPS de Santa Mónica, según el Committee For The First Amendment.
El caso se suma a otras maniobras recientes de Paramount para vender la operación: acusaciones de antisemitismo contra críticos del acuerdo, amenazas veladas de deslocalización y campañas de comunicación con aliados de Donald Trump difundiendo datos inexactos sobre los supuestos beneficios de la concentración mediática. Historiales previos de grandes fusiones —incluidas las protagonizadas por Warner Bros.— muestran despidos masivos, subidas de precios y caída de calidad, sin que la nueva propiedad quede obligada a mantener la producción en Hollywood.
Las demandas antimonopolio estatales y federales continúan su curso mientras los grupos de consumidores piden transparencia sobre los financiadores del grupo pantalla y rechazan que la fusión se apruebe sobre la base de un apoyo popular fabricado.