Los funcionarios de los Países Bajos, país anfitrión de la Corte Penal Internacional (CPI), se preparan para la imposición de nuevas y severas sanciones por parte de Estados Unidos. Según fuentes oficiales, las medidas están inminentes y buscan desmantelar el tribunal global, que Washington considera que ha excedido su mandato. La administración de Donald Trump ha sancionado ya a más de una docena de empleados actuales y ex, incluyendo a la mitad de los jueces en ejercicio, bajo la descripción de un "campana amplia" para eliminar la amenaza de la CPI.
Estas sanciones podrían impedir el acceso de la corte a servicios financieros y de tecnología, así como a la pago de empleados estadounidenses. En 2025, la sanción a la fiscal general anterior congeló sus cuentas bancarias y le impidió entrar al país. Los funcionarios de EE. UU. advirtieron a sus contrapartes neerlandesas que las sanciones podrían aplicarse tan pronto como el lunes, instando a la retirada del país anfitrión. La CPI, establecida en 2002, opera con 125 estados miembros, entre los que se encuentran EE. UU., Rusia, China e Israel, que no han firmado el tratado por temores de persecuciones políticas. Mientras tanto, la corte ha migrado a proveedores de software alemanes y ha reemplazado a sus proveedores financieros para evitar la dependencia de empresas estadounidenses.