Una lista cada vez más amplia de organizaciones europeas ha decidido restringir o prohibir el uso de aplicaciones de mensajería personal para tratar asuntos laborales. Lo que arrancó como una cuestión de protección de datos en la industria alemana en 2018 se ha extendido progresivamente a gobiernos enteros y a empresas de toda Europa, hasta convertirse en un debate sobre conservación de registros, cumplimiento normativo y soberanía digital.
El argumento central es de control: en una aplicación personal, la organización no decide qué se conserva ni qué se borra, no controla quién integra una conversación y no puede aportar los mensajes de meses atrás cuando una autoridad reguladora, un juez o un cliente los reclama. Cerca del 70% de los profesionales admite compartir información laboral en chats personales, según una encuesta de Veritas de 2021 sobre 12.000 personas.
La publicación, fechada en julio de 2026, recoge una cronología con casos que van desde fábricas alemanas hasta gobiernos que ya han emitido prohibiciones o restricciones formales, incluida la recomendación de la Comisión Europea de 2020 a favor de migrar hacia Signal. Los autores del artículo invitan a quien conozca otra organización afectada a sumarse a la lista para mantenerla actualizada.