Oracle eliminó unos 21.000 puestos de trabajo entre el cierre del ejercicio fiscal 2025 y el de 2026, lo que supone una reducción del 13 % de su plantilla, que pasó de 162.000 a 141.000 empleados. Los recortes forman parte de una restructuración operativa vinculada a la apuesta estratégica por la inteligencia artificial y al agresivo plan de construcción de centros de datos para cumplir un contrato de 300.000 millones de dólares con OpenAI.
La presión financiera de esa inversión ha deteriorado la calificación crediticia de Oracle, situada en BBB y recientemente rebajada a BBB-. La agencia justificaba el descenso por el elevado gasto en IA y la incertidumbre sobre su rentabilidad. Esta situación amenaza ahora un proyecto estrella: un centro de datos de casi un gigavatio en Port Washington (Wisconsin), valorado en unos 15.000 millones de dólares, destinado a suministrar capacidad de cómputo para el contrato con OpenAI.
La Comisión de Servicios Públicos de Wisconsin rechazó relajar los requisitos de garantía financiera aplicables a grandes consumidores eléctricos. Como el rating de Oracle se sitúa por debajo de A-, la empresa debe aportar más de 7.000 millones de dólares en efectivo o carta de crédito solo para conectarse a la red eléctrica, con un coste de mantenimiento superior a 100 millones anuales. Oracle ha recurrido la decisión ante los tribunales, alegando que desincentivará futuras inversiones. El caso ilustra una tendencia creciente: al menos 24 estados estadounidenses ya han aprobado tarifas, condiciones mínimas, penalizaciones por salida o garantías específicas para consumidores industriales de electricidad.