OpenAI ha iniciado conversaciones preliminares con el Gobierno de Estados Unidos para ceder un 5% de su capital a la administración federal, según reveló este jueves el Financial Times. La propuesta, impulsada por el consejero delegado de la compañía, Sam Altman, contempla extender este esquema al conjunto de los principales desarrolladores de inteligencia artificial del país, incluyendo a competidores como Anthropic, Google y Meta, aunque por el momento ninguna de estas empresas ha confirmado su adhesión al plan.
Según las estimaciones recogidas por elDiario.es, la participación de OpenAI equivaldría a unos 42.600 millones de dólares (aproximadamente 37.400 millones de euros), tomando como referencia la ronda de financiación de marzo en la que la firma alcanzó una valoración de 852.000 millones de dólares. Se trata de una de las operaciones corporativas más ambiciosas vinculadas al sector de la IA hasta la fecha.
El mecanismo diseñado por Altman plantea la creación de un fondo soberano público inspirado en el modelo del Fondo Permanente de Alaska, una corporación estatal financiada con ingresos petroleros que distribuye dividendos anuales a sus residentes. Este vehículo sería el receptor de las participaciones de las compañías y canalizaría los beneficios hacia la ciudadanía. Tanto OpenAI como Anthropic han sugerido en documentos previos de política corporativa que un fondo de estas características podría ser necesario para distribuir la riqueza generada por la inteligencia artificial entre el conjunto de la población.
Las conversaciones se encuentran en una fase "conceptual" y temprana, según fuentes citadas por el Financial Times, y cualquier acuerdo definitivo requeriría la aprobación del Congreso estadounidense. Altman ha mantenido contactos directos con el presidente Donald Trump, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Además, ha dialogado recientemente con el senador independiente Bernie Sanders, quien promueve la creación de un fondo soberano financiado mediante un impuesto único del 50% sobre el capital de las mayores empresas de IA del país, una propuesta con la que la iniciativa de Altman presenta puntos en común pero diferencias sustanciales en su mecanismo de financiación.
La propuesta llega en un contexto de creciente presión regulatoria sobre el sector. El mes pasado, el Gobierno estadounidense ordenó a Anthropic restringir el acceso de personas extranjeras a su modelo más avanzado por motivos de seguridad nacional, una medida sin precedentes que obligó a la empresa a suspender temporalmente el despliegue de su nueva herramienta. El veto quedó sin efecto esta semana tras un acuerdo entre la startup y las autoridades, tras resolverse las preocupaciones de seguridad planteadas por Washington.
Según elDiario.es, la operación tendría implicaciones estratégicas más allá de lo financiero. Al convertirse en accionista, el Gobierno estadounidense vería sus objetivos aún más alineados con los de las desarrolladoras, lo que podría traducirse en un respaldo regulatorio más decidido y en el impulso de políticas industriales que favorezcan las enormes inversiones en capacidad de cómputo que estas empresas se han comprometido a realizar. Analistas consultados por el medio español dudan de que OpenAI pueda sostener estas inversiones únicamente con sus ingresos actuales, lo que otorga a la propuesta una dimensión práctica adicional.
Paralelamente a la filtración, el Financial Times publicó una tribuna firmada por el propio Altman en la que defiende que "las instituciones democráticas no deben ceder sus responsabilidades a los laboratorios de IA" y que "las decisiones más importantes sobre el uso de esta tecnología deben tomarse mediante procesos democráticos, no por un pequeño grupo de empresas en San Francisco". El ejecutivo argumenta que entregar al público una participación financiera en las compañías es la mejor manera de compartir los beneficios de la revolución de la inteligencia artificial y contrarrestar sus efectos disruptivos, como la pérdida de empleos o la proliferación de centros de datos.
La propuesta de Altman tiene antecedentes recientes en la política industrial de la Casa Blanca. En 2025, el Gobierno de Trump adquirió una participación del 10% en el fabricante de chips Intel mediante una inversión de 8.900 millones de dólares en acciones ordinarias, destinada a respaldar la reestructuración financiera del fabricante de semiconductores. También negoció una comisión del 15% sobre ciertas operaciones en el sector de chips y IA, marcando un precedente de intervención directa del Estado en el capital de empresas tecnológicas estratégicas.
Tanto OpenAI como Anthropic preparan su salida a bolsa en el mercado estadounidense, en movimientos que algunos inversores podrían valorar ambas compañías por encima del billón de dólares. La estructura de capital resultante y la posible participación gubernamental añaden una variable inédita a estas operaciones y abren interrogantes sobre el modelo de gobernanza de las grandes tecnológicas de la IA en los próximos años.