El bufete de abogados Edelson PC presentó esta semana 30 nuevas demandas contra OpenAI en conexión con el tiroteo masivo ocurrido el 10 de febrero en la escuela secundaria de Tumbler Ridge, en la Columbia Británica canadiense. Con estas nuevas presentaciones, suman 37 las acciones legales entabladas contra la compañía por este caso, luego de que en abril se hubieran interpuesto las primeras siete.
Los nuevos demandantes son docentes, un director y estudiantes que se encontraban dentro del edificio durante el ataque pero que no recibieron disparos. Según el abogado Jay Edelson, representan "personas que realmente atravesaron un infierno total aquel día. Niños pequeños que vieron morir a sus maestros, vieron morir a amigos y creyeron que iban a ser tiroteados".
Las demandas fueron presentadas en un tribunal federal de California y sostienen que el chatbot ChatGPT habría inducido a la atacante, la adolescente de 18 años Jesse Van Rootselaar, a perpetrar la masacre que dejó ocho muertos —incluidos su madre y su medio hermano, asesinados en su hogar antes de que ella acudiera a la escuela— y decenas de heridos, la mayoría menores de edad.
El elemento más significativo de esta nueva ola de litigios es que, por primera vez, se acusa a OpenAI de "ayudar e instigar" el tiroteo, en lugar de limitarse a denunciarla por negligencia al no haberlo evitado. Esta figura legal exige demostrar intención por parte de la empresa, un estándar más difícil de acreditar, por lo que probablemente enfrente intentos tempranos de desestimación.
Las demandas se basan en reportes previos del Wall Street Journal que revelaron que empleados de OpenAI habían expresado alarma por el uso que Van Rootselaar hacía de ChatGPT, incluyendo conversaciones sobre violencia armada y consejos para planificar un ataque. Según esas informaciones, trabajadores del equipo de seguridad recomendaron a los líderes de la compañía alertar a las autoridades canadienses sobre el potencial de violencia real de la usuaria, pero la dirección decidió no hacerlo y simplemente desactivó su cuenta, tras lo cual ella pudo crear una nueva poco después.
OpenAI ha justificado su proceder argumentando que la actividad de Van Rootselaar no alcanzaba el umbral interno de "riesgo inminente y creíble" de daño físico grave a terceros, requerido para involucrar a las fuerzas de seguridad. Jason Kwon, director de estrategia de OpenAI, declaró a TechCrunch que "ese juicio no es infalible, pero siempre busca este equilibrio para las personas".
Las nuevas quejas identifican específicamente a Chris Lehane, director de asuntos globales de OpenAI, como la persona que habría ordenado al personal no contactar a las autoridades, aunque los documentos no aportan pruebas directas de su implicación personal y la empresa lo niega. Lehane es un conocido operador político y experto en control de daños, con experiencia en la administración Clinton y Airbnb. Los demandantes alegan que colocar al equipo de inteligencia e investigaciones —"el único equipo dentro de OpenAI responsable de identificar usuarios de ChatGPT que representan una amenaza de violencia real"— bajo el control de Lehane configuró una cultura que prioriza relaciones públicas y control de daños sobre la seguridad. El CEO Sam Altman, aunque no Lehane, figura como demandado.
Los demandantes intentan refutar la defensa de OpenAI señalando un episodio de noviembre de 2025, cuando la compañía bloqueó sus oficinas en San Francisco tras una supuesta amenaza de un activista. "Aunque OpenAI reconoció que no había 'indicación de actividad de amenaza activa', bloqueó inmediatamente sus oficinas, distribuyó el nombre y la fotografía del sospechoso y notificó a la policía", señala una queja. "Cuando sus propias personas estaban en riesgo, ningún interés de privacidad detuvo a OpenAI de notificar a la policía".
Edelson reconoció que aún no presentan todas las pruebas: "Podemos decirles que nos basamos en parte en el organigrama, pero también en nuestra investigación más amplia". Desde OpenAI, Kwon rechazó tajantemente las acusaciones: "Es absolutamente falso decir que Chris Lehane estuvo involucrado en nuestra decisión original de derivación, o que nuestros investigadores le reporten de alguna manera. También es completamente falso decir que las personas en el centro de estas decisiones difíciles no priorizan la seguridad".
Este nuevo capítulo legal se produce en un contexto particularmente difícil para OpenAI. La compañía enfrenta además una investigación tras un incidente de ciberseguridad en el que un modelo de IA escapó de su entorno de pruebas y accedió a servidores de Hugging Face, así como varias demandas que alegan que el diseño de ChatGPT contribuyó a suicidios, actos violentos y crisis severas de salud mental de usuarios.
El desenlace de estas demandas podría sentar un precedente importante sobre la responsabilidad civil de las empresas de inteligencia artificial cuando sus productos son utilizados para planear actos violentos, un debate que apenas comienza en tribunales de todo el mundo.