Un acuerdo judicial ha cerrado el caso de la mayor estafa inmobiliaria de España, en el que el notario Enrique Peña, el abogado Francisco Comitre y el intermediario David Navarro han admitido cargos. La trama, destapada en 2015 por los Mossos d'Esquadra, estafó a más de 100 víctimas, muchas de ellas personas mayores, apropiándose de sus viviendas mediante productos financieros fraudulentos. Los implicados se han visto obligados a aceptar penas de hasta cuatro años y siete meses de cárcel, aunque el juicio continuará para determinar las indemnizaciones a las víctimas y la responsabilidad civil. El abogado Francisco Comitre es el único que enfrentará prisión, con una condena de dos años y un mes. El notario Peña, principal acusado, se ha librado de prisión, aunque perderá su licencia. La trama utilizaba complejas estructuras societarias para ocultar las transacciones y dificultar la recuperación de las propiedades por parte de las víctimas. El caso ha puesto de relieve la necesidad de mejorar la protección a personas mayores y la lentitud de los procesos judiciales en casos de fraude.
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