Nauru, una isla del Pacífico de 21 km² y unos 12.500 habitantes, ha lanzado un programa de ciudadanía por inversión de unos 90.000 dólares que ofrece acceso sin visado o con visado a la llegada a más de 85 destinos, entre ellos Singapur, Hong Kong y Reino Unido. El objetivo declarado por su Gobierno es financiar el traslado de cerca del 90% de las viviendas, infraestructuras y servicios a las pocas zonas elevadas utilizables, ya que la franja costera —donde se concentra la población tras décadas de minería de fosfatos que devastó el 80% del interior— queda cada vez más expuesta al aumento del nivel del mar, las mareas extremas y la erosión. La primera fase del proyecto urbanístico supera los 60 millones de dólares. El programa incorpora controles de antecedentes en varias fases, posibilidad de retirar la ciudadanía por delitos graves y excluye el derecho a comprar terrenos en la isla. Si alcanza las cifras previstas, podría aportar cerca de una quinta parte de los ingresos públicos. Se trata de uno de los primeros casos en los que un Estado presenta la venta de pasaportes abiertamente como herramienta de financiación climática, en un contexto en el que las ayudas internacionales a los países más vulnerables llegan con lentitud. Otros pequeños Estados, como Dominica, observan el experimento.
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