México ha implementado una ley que exige la vinculación biométrica de todos los números de teléfono activos del país, afectando a aproximadamente 127 millones de líneas. La medida, que entró en vigor el 9 de enero de 2026, obliga a los usuarios a registrar sus números con su CURP Biométrica (una identificación nacional con datos biométricos) antes del 30 de junio de 2026. Las nuevas líneas tienen un plazo de 30 días para el registro, de lo contrario, serán suspendidas.
Esta legislación elimina de facto el anonimato de las tarjetas SIM prepago, tradicionalmente utilizadas por grupos vulnerables como víctimas de violencia doméstica, periodistas y activistas que buscan proteger su identidad. Aunque un tribunal estatal suspendió inicialmente el programa por preocupaciones de privacidad, el gobierno federal continuó con su implementación. El gobierno justifica la medida como una forma de reducir el fraude, pero críticos señalan que crea una infraestructura de vigilancia que permite rastrear llamadas y comunicaciones a través de un registro biométrico centralizado, vinculando cada número de teléfono a una identidad verificada. Esta política se alinea con tendencias similares observadas en otros países como India, Nigeria y Tanzania.