El Ayuntamiento de Málaga ha decidido dejar de aplicar las multas por la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y devolver de oficio las sanciones impuestas, tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que declaró discriminatorio el sistema de multas que restringía el acceso a los vehículos sin etiqueta empadronada en la ciudad. Esta decisión se produce en un contexto de incertidumbre normativa, ya que el Gobierno central aprobó el pasado 3 de noviembre una modificación del Real Decreto 1052/2022 que obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a establecer un régimen sancionador efectivo para las ZBE, eliminando los sistemas transitorios que permitían a los ayuntamientos aplicar la norma de forma laxa o inexistente. Aunque el nuevo decreto establece que las restricciones deben contar con mecanismos reales de cumplimiento, la aplicación práctica sigue dependiendo de la voluntad local. El caso de Madrid, que también ha visto anuladas multas por el Supremo, ilustra la complejidad del tema: mientras Madrid ha publicado una nueva ordenanza para corregir el error, otras ciudades como Sevilla o Ciudad Real han implementado restricciones mínimas o nulas. España cuenta con 149 municipios obligados a aplicar estas normas desde 2023, pero la falta de un castigo estatal por inacción ha permitido que muchas de ellas hayan hecho caso omiso de la obligación, priorizando la estabilidad política sobre la sostenibilidad real.
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