Montana, un estado tradicionalmente conservador, ha propuesto una iniciativa sin precedentes para limitar el gasto corporativo en elecciones, potencialmente debilitando el impacto de la sentencia Citizens United. La propuesta, que será sometida a referéndum en 2026, busca revocar la autoridad de las corporaciones para gastar en campañas electorales a nivel local, estatal y federal dentro del estado. A diferencia de intentos anteriores que requerirían una enmienda constitucional o la anulación por parte de la Corte Suprema, esta estrategia se basa en la capacidad de los estados para definir y regular a las corporaciones.
La lógica detrás de la propuesta es que las corporaciones son entidades creadas por el estado, y por lo tanto, los estados pueden limitar sus poderes, incluyendo el de gastar en política. Si Montana aprueba esta medida, podría servir de modelo para otros estados, extendiendo su efecto a nivel nacional y, de manera efectiva, disminuyendo la influencia de Citizens United. La decisión de Montana, si se aprueba, podría impedir que corporaciones con sede en otros estados influyan en la política de Montana. Según encuestas, existe un amplio descontento público con Citizens United, ya que ha permitido que corporaciones y multimillonarios dominen las campañas electorales y silencien las voces de los ciudadanos.
