Monsanto ha intensificado sus esfuerzos para proteger sus patentes de semillas genéticamente modificadas mediante una estrategia de vigilancia y presión legal en el campo estadounidense. Según reportes de Vanity Fair, la empresa utiliza una red de investigadores privados y agentes que infiltran comunidades rurales, graban reuniones y presionan a agricultores y minoristas para que firmen acuerdos de licencia o acepten multas. Esta práctica, descrita por los agricultores como la de una 'policíaca de semillas', busca evitar que se guarden semillas para futuras cosechas, una práctica tradicional que Monsanto prohíbe estrictamente en sus contratos.
El caso de Gary Rinehart, un comerciante en Eagleville, Missouri, ilustra esta dinámica: un agente de Monsanto amenazó con acciones legales contra un local que no era agricultor, alegando que había plantado semillas modificadas. Monsanto argumenta que su inversión en investigación justifica la protección de sus patentes, aunque críticos señalan que la empresa ha transformado la historia agrícola al patentar organismos vivos, un precedente establecido por la Corte Suprema en 1980. Con 674 patentes de biotecnología, Monsanto busca controlar la cadena de suministro alimentario global, alterando las prácticas milenarias de conservación de semillas y generando controversia sobre el control corporativo de la producción agrícola.