Milán impone administración judicial a Revolut por blanqueo de 76,5 millones

Fuentes: Milán impone administración judicial a Revolut por blanqueo de 76,5 millonesT2, xataka.com

El Tribunal de Milán ha decretado la administración judicial durante un año de la sucursal italiana del banco digital Revolut, una medida que pone fin a la operación de la entidad bajo la supervisión de la Guardia de Finanzas. La decisión, ejecutada este lunes, responde a la detección de "graves carencias" en los sistemas de prevención del blanqueo de capitales, que, según la Fiscalía, facilitaron movimientos sospechosos por un valor total de 76,5 millones de euros. Esta intervención, solicitada por la Dirección Distrital Antimafia (DDA) de la Fiscalía de Milán, marca un precedente significativo en la regulación de los neobancos en Europa, donde la agilidad operativa y la automatización han sido históricamente vistas como ventajas competitivas, pero ahora se revelan como vulnerabilidades críticas ante la justicia.

El origen de la investigación no fue un hecho aislado, sino el resultado de una serie de actuaciones previas que evidenciaron un "modelo de gestión estable" de deficiencias. Según detalla la Fiscalía, las deficiencias en los controles permitieron que numerosas personas investigadas o condenadas por delitos graves, incluyendo blanqueo de capitales y transferencias fraudulentas con agravante de método mafioso, accedieran al sistema financiero. La investigación tuvo su punto de partida en un procedimiento penal por fraude fiscal y, crucialmente, en una inspección antiblanqueo a un proveedor de servicios de activos virtuales perteneciente al mismo grupo bancario. En dicha inspección, se detectaron más de un millón de presuntas infracciones relacionadas con las obligaciones de diligencia debida, la identificación de clientes y la conservación de datos. Además, se registraron incumplimientos sistemáticos en la comunicación de operaciones sospechosas. De hecho, entre 2023 y 2024, mientras que otros bancos enviaron 112 comunicaciones de operaciones sospechosas sobre 24 clientes implicados en procesos penales en el área de Milán, Revolut no emitió ninguna alerta sobre los movimientos de sus usuarios.

La medida se ampara en el artículo 34 del Código Antimafia y se ejecutará bajo la supervisión de dos administradores judiciales. El tribunal ha encomendado a estos funcionarios llevar a cabo una lista de 15 acciones específicas para subsanar las áreas de control deficientes. Estas incluyen asistir a las reuniones de dirección, acceder a las actas y resultados de las auditorías internas, presentar informes periódicos, verificar a los beneficiarios finales de las cuentas y actualizar los procedimientos antiblanqueo. La Fiscalía argumenta que la reiteración y la heterogeneidad de los casos comprobados han mostrado la inidoneidad de las medidas adoptadas para prevenir el uso de la infraestructura bancaria por parte de sujetos insertados en circuitos ilícitos. Es importante destacar que, aunque las operaciones investigadas presentaban delitos dentro de la normativa antimafia, la justicia italiana no acusa a Revolut de colaborar activamente con la mafia, sino de haber fallado en su deber de vigilancia.

Revolut ha respondido a la decisión con un tono de cooperación formal. La entidad ha asegurado que "colaborará plenamente" con las autoridades italianas y ha reiterado su compromiso con las obligaciones normativas. En un comunicado, la compañía destacó que invierte de forma continua en reforzar sus sistemas de prevención de delitos financieros y sus equipos de cumplimiento normativo. No obstante, Revolut ha insistido en que la medida no afectará a la operativa habitual de sus clientes, confirmando que sus servicios bancarios para particulares y empresas en Italia siguen operando con total normalidad. La empresa ha evitado hacer comentarios específicos sobre cuentas concretas o asuntos legales en curso, limitándose a confirmar la continuidad del servicio.

El análisis de esta situación revela una tensión creciente entre la innovación financiera y la regulación tradicional. La agilidad operativa que Revolut basó su crecimiento en, permitiendo transacciones automáticas y rápidas, se ha convertido en su mayor problema con la justicia europea. Los sistemas automatizados de control deben ser capaces de recopilar información relevante, generar alertas fiables y detectar patrones anómalos, algo que, según el tribunal, no ha logrado Revolut. La implicación de fondos sujetos a medidas cautelares patrimoniales, por un importe superior a 4,6 millones de euros, añade una capa de complejidad a la situación, ya que las deficiencias de los sistemas facilitaron que los implicados movieran y ocultaran estos activos, dificultando su localización.

En conclusión, la administración judicial de la filial de Revolut en Italia representa un hito en la aplicación de la normativa antimafia en el sector bancario digital. Mientras que la entidad se defiende de acusaciones de criminalidad directa, la justicia italiana ha determinado que sus controles fueron insuficientes para frenar el blanqueo de capitales. Se espera que el año de administración judicial permita a las autoridades italianas implementar las 15 acciones correctivas exigidas, lo que podría servir como un modelo de mejora para otros bancos digitales en la región. La situación actual deja a Revolut bajo escrutinio constante, con la posibilidad de que esta medida se convierta en un precedente para futuras investigaciones similares en el sector fintech, donde la responsabilidad de la prevención del blanqueo de capitales se está redefiniendo en un contexto de mayor exigencia regulatoria.