La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, firmó una orden ejecutiva que obliga a los desarrolladores de centros de datos de más de 25 megavatios de demanda máxima a abastecerse de electricidad limpia o a aportar dinero a un fondo de protección para los usuarios de la red eléctrica. La normativa, promovida por la oficina de Healey, exige además que las instalaciones alcancen el 100% de su consumo con generación limpia, un umbral superior al estándar estatal vigente, que fija un mínimo del 40% de fuentes renovables en 2030.
El decreto insta a los municipios a "evitar firmar acuerdos de confidencialidad" con los operadores y suspende temporalmente las solicitudes de una exención del impuesto sobre ventas a centros de datos que entró en vigor el mes pasado, para dar tiempo a los reguladores a aplicar las nuevas restricciones. Massachusetts se convierte así en el tercer estado estadounidense en apenas tres meses en endurecer las condiciones para la construcción de estas instalaciones, tras las auditorías anunciadas en agosto por Texas y la paralización de proyectos de más de 50 megavatios decretada en julio por Nueva York.
El giro regulatorio coincide con un cambio en la opinión pública y con la oposición creciente de comunidades locales, en contraste con los incentivos fiscales que los estados ofrecían hace pocos años para atraer a las tecnológicas. En respuesta, el sector tecnológico ha empezado a movilizarse: el super PAC prointeligencia artificial Leading the Future, financiado por Marc Andreessen, Ben Horowitz y Greg Brockman, está comprando publicidad en estados clave de cara a las elecciones de midterm.