Mamdani lanza una campaña contra Amazon para proteger a los repartidores subcontratados

Fuentes: Mamdani declara la guerra a Amazon y apoya a los repartidores en la lucha contra las subcontratasT2, youtube.com

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha lanzado una campaña pública para presionar a Amazon y acabar con el modelo de subcontratación que utiliza la compañía para repartir sus paquetes en la ciudad. La iniciativa, articulada en torno a un vídeo difundido en redes sociales y en el canal oficial del Ayuntamiento, busca respaldar la Delivery Protection Act, una legislación local impulsada por la concejala Tiffany Kalan que obligaría a las grandes empresas de comercio electrónico a contratar directamente a sus repartidores de última milla.

El mensaje central de la campaña es directo: "Si parece un envío de Amazon y se conduce como un envío de Amazon, entonces es un envío de Amazon". Con esta frase, Mamdani denuncia lo que considera un escudo corporativo: Amazon fija las rutas, los horarios y los uniformes de los trabajadores, pero cuando se producen accidentes laborales o incidentes de tráfico, la empresa se desvincula argumentando que quienes conducen las furgonetas son empleados de empresas subcontratadas independientes.

La propuesta legislativa cuenta con el respaldo de los principales sindicatos de la ciudad, que llevan años denunciando las condiciones precarias de los repartidores. Según recoge The New York Times y replica elDiario.es, los responsables sindicales estiman que Amazon ha invertido más de cinco millones de dólares en una agresiva campaña de oposición, que incluye anuncios en televisión y un estudio encargado a un grupo financiado por la propia compañía. Dicho informe advierte de que la normativa podría encarecer el coste de cada envío hasta 5,20 dólares, lo que se traduciría en un sobrecoste anual estimado de 664 dólares por hogar neoyorquino.

Desde el otro lado del debate, Amazon defiende que su modelo de subcontratación le permite operar con flexibilidad y que la regulación propuesta penalizaría tanto a los pequeños contratistas como a los consumidores. La compañía sostiene que la Delivery Protection Act confunde deliberadamente la relación comercial con la relación laboral y que, de aprobarse, podría provocar una contracción del servicio en algunos barrios.

En el vídeo de la oficina del alcalde, un repartidor describe con crudeza su experiencia cotidiana: "Mi uniforme dice Amazon. Si no uso este chaleco de la marca Amazon, se toman medidas disciplinarias contra nosotros". El trabajador afirma que la compañía establece las rutas, marca los horarios y decide a quién se contrata, y sin embargo se escuda tras los subcontratistas para eludir responsabilidades cuando hay lesiones o accidentes de tráfico.

Mamdani enmarca la batalla como una cuestión de seguridad vial y de justicia laboral. "Las grandes empresas como Amazon han construido una gran red de subcontratas que entregan sus paquetes mientras ellos se blindan de cualquier responsabilidad", señala el alcalde, quien recuerda que cuando las lesiones y los accidentes laborales se disparan, Amazon afirma no tener nada que ver.

De salir adelante la ley, Nueva York se convertiría en la primera ciudad de Estados Unidos en regular de forma específica las operaciones de reparto de última milla, un sector que ha crecido de forma exponencial con el auge del comercio electrónico y que se ha visto especialmente tensionado por la elevada siniestralidad de los conductores. Para los sindicatos, se trataría de un precedente histórico; para Amazon y sus aliados, una amenaza a un modelo de negocio que replica en otras grandes ciudades del país.

En el plano político, la campaña de Mamdani supone un movimiento calculado: por un lado, refuerza su perfil como alcalde cercano a los trabajadores y enfrentado a las grandes corporaciones tecnológicas; por otro, abre un frente directo con uno de los empleadores privados más poderosos del mundo, en un momento en el que la regulación del trabajo en plataformas se debate ya en varias jurisdicciones estadounidenses. Si la norma prospera, sus efectos se sentirán más allá de Manhattan y podrían reavivar el debate nacional sobre quién responde, en última instancia, cuando un paquete llega a la puerta de una casa.