El equipo de la alcaldesa de Madrid, Isabel Alonso, está analizando grabaciones de la Puerta del Sol frame a frame utilizando inteligencia artificial para identificar posibles delitos cometidos por los acampados. Esta medida se produce tras la muerte de María del Carmen Abascal, una de las principales activistas, y la continuación de la protesta por la vivienda, que el Ayuntamiento considera ilegal. El sistema de videovigilancia, instalado en 2024, permite rastrear personas y objetos mediante descripciones físicas, como ropa específica, para facilitar investigaciones policiales. Aunque fuentes policiales aseguraron en 2025 que el rastreo de rostros requiere una denuncia concreta, el debate jurídico gira en torno a si esta práctica constituye persecución ideológica o investigación legítima. La Constitución protege el derecho de reunión y la intimidad, mientras que la Ley Orgánica 4/1997 exige la destrucción de grabaciones en un mes, salvo que se recopilen hechos delictivos. Además, el Reglamento de IA de alto riesgo obliga a solicitar autorización judicial para el uso de identificación biométrica en diferido, una medida que aún no ha sido aplicada en este caso. Los críticos señalan que la revisión masiva de vídeos podría vulnerar derechos fundamentales, mientras que el Consistorio argumenta la necesidad de verificar la verdad frente a vídeos falsos. Las pruebas obtenidas sin autorización judicial no tienen validez legal, y los tribunales decidirán la legitimidad de la actuación.
Noticias agregadas con IA