El Ayuntamiento de Madrid ha decidido no recuperar 112 millones de euros en facturas de electricidad impagadas por parte de Emesa, la sociedad privada que gestionó la M-30 durante una década. Según una investigación de El Mundo, el consistorio exigió el pago de estos costes durante más de una década, pero se negó a recuperarlos ahora que el corredor ha sido convertido en una empresa 100 % pública. La renuncia llega tras la compra de las acciones de Emesa por parte del Ayuntamiento, lo que ha provocado que la empresa abandonara la compañía.
La deuda se originó en la licitación de 2005, donde los pliegos de condiciones contradictorios atribuyeron la responsabilidad de la electricidad al socio privado, aunque en la práctica la sociedad mixta pagó las facturas desde el inicio. La reclamación comenzó en 2017 con una cifra de 54 millones de euros y creció hasta los 112 millones actuales. Aunque el Ayuntamiento argumenta que la resolución de 2005 determinaba el modelo financiero y que la reclamación se hizo por cautela jurídica, los pliegos de licitación establecen que las cláusulas administrativas prevalecen en caso de contradicción, lo que obligaba a Emesa a pagar. La Cámara de Cuentas señaló la irregularidad en 2016, pero no se iniciaron los trámites legales adecuados hasta 2017, cuando los asesores jurídicos dejaron por escrito que el caso debía llevarse a los tribunales. Este silencio prolongado ha generado dudas sobre la gestión del conflicto, que incluye además la negativa de Emesa a vender sus participaciones y la falta de inversión extra en la infraestructura de los túneles.