Miles de familias madrileñas que adquirieron viviendas protegidas entre 1984 y 1997 bajo el Plan 18.000 se enfrentan a una situación crítica al acercarse al final del plazo de cesión de suelo, establecido en 75 años por la ley autonómica. Este programa, que otorgó derecho de superficie a 8.559 viviendas y más de 10.000 titulares, ha dejado a los propietarios sin la titularidad del suelo subyacente, lo que impide la venta libre de sus inmuebles una vez vencido el plazo. El Ayuntamiento de Madrid ha reconocido que no habrá indemnización por la pérdida de la propiedad del suelo, pero ha lanzado ofertas para la venta de estas parcelas a precios reducidos, aunque con condiciones restrictivas que limitan la reventa durante 15 años. La organización Plataforma Plan 18.000, con más de 10.000 afectados, reclama la compra del suelo a un precio justo y ha recurrido judicialmente a la oferta municipal de 2023, que se consideró excesiva. El conflicto se ha agravado tras la aprobación de planes para 18.400 nuevas viviendas protegidas en octubre de 2026, con el apoyo de PP y Vox, y la reciente acampada en la Puerta de Sol. Los afectados deben elegir entre comprar el suelo a precio protegido con ataduras, comprarlo a precio de mercado o esperar a que el suelo quede descalificado para venderlo libremente, una opción que solo aplica a parcelas ya descalificadas.
