El Ayuntamiento de Madrid enfrenta una crisis de infraestructura en los túneles de la M-30, construidos hace 20 años. Un informe de la consultora LRA, presentado en 2021 y mantenido oculto durante cinco años, revela que la ciudad necesita invertir 400 millones de euros para garantizar la seguridad estructural de la infraestructura y cumplir su vida útil estándar de 100 años. Según Tomás Ripa, director de LRA, el 20% de los túneles presenta deficiencias graves, causadas principalmente por filtraciones de agua que socavan la resistencia del hormigón. El experto atribuye el problema a fallos de diseño y ejecución más que a la falta de mantenimiento. Aunque las reparaciones podrían costar 200 millones si se cerraran los túneles, esta opción es inviable por ser la M-30 una arteria vital, lo que duplica el coste al realizar obras parciales. El consistorio admite no haber realizado inversiones extraordinarias en mantenimiento y culpa a Emesa, la empresa privada que gestionaba el 20% de la infraestructura a través de la sociedad Calle 30, de no cumplir sus obligaciones. Tras la compra del 100% de Calle 30 por el Ayuntamiento, la gestión es ahora pública. El proyecto original de soterramiento liberó 120 hectareas para crear un parque de 10 kilómetros, con un coste total estimado de 6.000 millones de euros a 30 años.
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