El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha abierto expediente sancionador a varios pequeños comercios familiares gallegos por supuestos incumplimientos de la normativa de protección a los consumidores en sus páginas web, con multas de entre 11.000 y 13.000 euros. La Comunidad de Madrid argumenta que, al tener esas tiendas venta online, "cualquier comunidad autónoma puede actuar" dentro del Plan Sectorial de Control de Productos Textiles del Ministerio de Consumo, que le obliga a inspeccionar y, si detecta infracciones, a sancionar.
Los comercios afectados están en Vilanova de Arousa, Viveiro, Cambados y Foz. Según José María Seijas, presidente de la Federación Galega de Comercio, corrigieron los defectos de sus webs en cuanto recibieron las sanciones y ni siquiera habían llegado a vender productos online. Seijas critica la medida como "injustificada" y teme que lleve al cierre a negocios familiares. Una de las comerciantes ha decidido cerrar su web porque "no le compensa".
El Gobierno madrileño señala incumplimientos en el derecho de desistimiento (14 días), etiquetado, vías de reclamación y garantías. Seijas asegura que no hay denuncias de consumidores y que no se remitió aviso previo, como hace la Xunta. Fuentes de Consumo confirman que una autonomía puede sancionar si los productos se ofrecen a consumidores de su territorio. Los expedientes están en fase inicial y la Federación prepara alegaciones con apoyo de la Dirección General de Consumo gallega.