España carece de una ley estatal que regule de forma uniforme el uso de teléfonos móviles en los centros educativos, por lo que cada comunidad autónoma ha desarrollado su propia normativa de cara al curso 2026/2027. En 2024, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes propuso un consenso de mínimos —uso cero en Infantil y Primaria y excepciones justificadas en Secundaria, Bachillerato y FP—, pero al no ser vinculante, las regiones aplican criterios distintos. Algunas, como Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Madrid y Murcia, prohíben los móviles durante toda la jornada escolar, incluidos los recreos, con diferentes excepciones pedagógicas y de salud. Otras, como Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Galicia, limitan su uso por etapas o cursos, mientras que Castilla y León, La Rioja, Navarra y País Vasco delegan la decisión en cada centro educativo, que concreta la regulación en sus reglamentos de organización. Ceuta y Melilla, sin competencias transferidas, aplican las instrucciones de la Secretaría de Estado de Educación. Las diferencias afectan también a otros dispositivos como relojes inteligentes, tabletas y ordenadores, que en algunos territorios quedan fuera de la prohibición o se regulan por separado.
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