La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de México ha emprendido una campaña de tolerancia cero contra los desarrollos inmobiliarios no autorizados en la costa de Yucatán, con la orden expresa de demoler las obras ilegales en lugar de limitarse a multarlas. Marina Boy Tamborrel, titular de la Profepa, anunció esta nueva directriz durante un encuentro con comunidades mayas en Ixil, donde afirmó que toda construcción sin autorización será demolida. La funcionaria reconoció que algunas empresas incluían el pago de multas ambientales en sus presupuestos y preferían seguir operando antes que tramitar permisos, lo que evidencia la insuficiencia del esquema sancionatorio previo. Hasta ahora, la Profepa ha clausurado cuatro desarrollos inmobiliarios en Puerto Vallarta y prevé extender las mismas acciones al resto de los estados costeros del país. La estrategia prioriza la reparación del daño ambiental sobre las sanciones económicas. Las autoridades también preparan una evaluación de los daños en Sisal, donde fueron devastadas 23.000 hectáreas, y advirtieron sobre proyectos que operan sin la Manifestación de Impacto Ambiental exigida por la ley. Durante la reunión con los pueblos mayas, Tamborrel y el subcomisionado Wilberth Nahuat, de Santa María Chi, identificaron las granjas y los desarrollos inmobiliarios irregulares como los problemas más críticos en Yucatán. La agencia también denunció que en un complejo residencial de Ixil se reanudaron obras pese a los sellos de clausura colocados por la autoridad. Para reforzar la vigilancia, la Profepa habilitó canales de denuncia telefónica, por correo electrónico y en línea, e hizo un llamado a la participación ciudadana.
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