Los proxies residenciales en Estados Unidos se han convertido en una de las principales fuentes de spam y manipulación en redes sociales, al redirigir tráfico de actores maliciosos a través de conexiones domésticas reales que aparentan ser usuarios legítimos de proveedores como Comcast o AT&T. En la mayoría de los casos, los propietarios afectados no son conscientes: han sido engañados por aplicaciones de VPN gratuitas que revenden su ancho de banda, por SDK ocultos en juegos free-to-play o por malware instalado en ordenadores, routers o Smart TVs. El caso reciente de LG, que prohibirá las aplicaciones de proxy en sus televisores inteligentes tras detectar que más del 42% de sus apps podían covertir el dispositivo en un nodo proxy, ilustra la magnitud del problema.
Bloquear estas IP residenciales resulta prácticamente imposible para los servicios de internet, porque hacerlo significaría cortar el acceso a usuarios auténticos. Las empresas de threat intelligence comercializan bases de datos de IPs sospechosas, pero existen incentivos perversos: resolver el problema reduciría su negocio. El texto sostiene que el Gobierno de Estados Unidos —presumiblemente la NSA— debería actuar con firmeza contra estas redes, que representan una amenaza real por el robo de datos e identidad de ciudadanos, el malware capaz de grabar audio y vídeo, la infraestructura para campañas extranjeras de influencia encubierta y los botnets usados en ataques de denegación de servicio. Como mínimo, los grandes operadores deberían detectar actividades sospechosas desde IP de clientes y advertirles para que revisen sus dispositivos. El problema no es exclusivo de EE. UU. y exige cooperación internacional para mantener un internet saludable.