EuroISPA, la asociación que agrupa a los proveedores de servicios de internet europeos, ha reclamado a la Comisión Europea que los titulares de derechos asuman la responsabilidad de los daños colaterales derivados del bloqueo desproporcionado de sitios web, y que existan mecanismos de compensación claros y exigibles. La petición figura en una presentación realizada en el marco de la revisión de la Directiva de Derechos de Autor en el Mercado Único Digital y se apoya en el marco ya existente de la Directiva IPRED, por lo que no requeriría nueva legislación.
La organización parte de las propias conclusiones de la Comisión sobre la Recomendación de 2023 contra la piratería de eventos en directo, que reconoció efectos positivos "limitados" y ninguna reducción sustancial de la piratería. EuroISPA sostiene que el problema reside en la aplicación de la ley, no en un vacío legal, y advierte de que el bloqueo se ha extendido más allá de los ISP hacia resolvedores de DNS y proveedores de VPN, con frecuencia sin vínculo técnico ni operativo con los contenidos infractores.
Entre los incidentes citados destaca Piracy Shield en Italia, cuyo bloqueo a nivel de IP afectó a más de 7.700 dominios; la multa de 14 millones de euros impuesta por AGCOM a Cloudflare; la desconexión de 16 días de un proveedor portugués con clientes italianos; y en España, una orden de LaLiga contra IP compartidas que dejó a millones de usuarios sin acceso a apps bancarias, herramientas de desarrollo y plataformas de pago. Cisco retiró OpenDNS de Francia en 2024 y de Bélgica en 2025 ante órdenes de bloqueo. EuroISPA critica también los plazos de bloqueo acelerado, como los 30 minutos vigentes en Italia, por su impacto desproporcionado en proveedores pequeños.