El 70% de los estadounidenses se opone a la construcción de un centro de datos en su zona, según una encuesta reciente de Gallup, y la protesta ha generado decenas de moratorias locales. Marina Bolotnikova, periodista senior de Vox, sostiene que esa rebelión es síntoma de un fracaso político mayor: la ciudadanía no sabe cómo combatir la inteligencia artificial, así que ataca su infraestructura física.
Los argumentos esgrimidos contra los centros de datos —contaminación acústica, consumo de agua y electricidad, presión sobre el suelo agrícola— se mezclan con un miedo más profundo. Sin una legislación federal sobre IA a la vista y en un contexto de pesimismo económico, los ciudadanos carecen de palancas políticas reales, y bloquear proyectos locales se ha convertido en un sucedáneo de sus preocupaciones más amplias: la pérdida de empleos, la incertidumbre tecnológica y, en el peor escenario, el riesgo existencial que algunos atribuyen a la IA.
Bolotnikova reconoce que varios de los motivos aducidos —especialmente los ambientales— están sobredimensionados. Aun así, la lucha pueblo a pueblo contra los centros de datos no frenará la adopción de la IA ni protegerá a la población de sus peores consecuencias. Esa estrategia, advierte, mantiene al país debatiendo sobre «trivialidades relativas» en lugar de abordar la cuestión central: cómo gestionar una transformación tecnológica y económica que ya está en marcha. Para la autora, el conflicto refleja el mismo obstruccionismo que bloquea los avances en vivienda, energía limpia y otros grandes retos políticos.