Japón atraviesa una compleja encrucijada económica marcada por una de las mayores ratios de deuda sobre PIB del mundo, superior al 200%, y por una inflación que, aunque oficialmente se sitúa en el 1,7%, golpea con fuerza a los consumidores: los alimentos han subido un 3,2% y el pescado y marisco un 6,9% en el último año. El yen ha perdido más del 10% de su valor en 2026, lo que motivó la intervención cambiaria conjunta de EE. UU. y Japón a finales de julio.
El artículo analiza los principales dilemas de política económica a los que se enfrenta el Gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi, cuya aprobación cayó del 69% al 57% entre junio y julio por su estrategia frente al coste de la vida, rechazada por el 71% de los ciudadanos. Subir los tipos de interés —fijados en el 1%— ayudaría a reducir la inflación y a contener el carry trade que debilita el yen, pero encarecería hipotecas y préstamos y provocaría pérdidas en los bonos ya emitidos: las cuatro mayores aseguradoras japonesas perdieron unos 96.000 millones de dólares en el segundo trimestre de 2026 por las subidas de tipos.
Por el contrario, mantener los estímulos —como la bajada del IVA alimentario del 8% al 1% prevista para abril de 2027, el tope de 170 yenes por litro de gasolina o los 19.000 millones en subsidios energéticos— agrava una factura de deuda que ya consume el 25,6% del presupuesto. Japón busca compensar su elevada dependencia energética —el 83,5% procede de petróleo, carbón o gas importado— con un plan que eleva la nuclear al 20% del mix eléctrico en 2040, refuerza la industria de defensa y propone una estrategia de inversión público-privada de 2,3 billones de dólares hasta esa fecha. El texto presenta cada medida con sus ventajas y sus costes, sin recetas cerradas.