Irlanda ha alcanzado un umbral simbólico en su transformación como hub digital europeo: los centros de datos instalados en su territorio consumieron en 2025 el 23% de toda la electricidad del país, según datos publicados recientemente por la Oficina Estadística Irlandesa (CSO). El dato, recogido por distintos medios internacionales, ilustra una tendencia de crecimiento explosivo que está poniendo en jaque tanto a la red eléctrica como a los objetivos climáticos nacionales.
Los centros de datos irlandeses pasaron de consumir 1,2 TWh en 2015 a 6,3 TWh en 2023, lo que supone una multiplicación por cinco en menos de una década. La escalada se aceleró después: solo en 2025, el consumo alcanzó los 7.663 GWh, con un crecimiento interanual del 10%, muy por encima del 2% registrado por el conjunto de hogares, comercios e industria convencional. Para encontrar una referencia cotidiana basta una comparación: los hogares irlandeses consumieron el 28% del total (un 18% en zonas urbanas y un 9% en rurales), apenas cinco puntos porcentuales por encima del gasto eléctrico de los servidores.
El fenómeno responde a la estrategia de las grandes tecnológicas y las nuevas empresas de inteligencia artificial, que están invirtiendo cifras milmillonarias en infraestructura de cómputo. Irlanda, gracias a su tradicional política fiscal favorable y a su papel histórico como sede europea de multinacionales tecnológicas, se ha posicionado como uno de los destinos preferidos para estos proyectos. El Gobierno irlandés defiende su apuesta: un informe oficial estima que, desde 2010, los centros de datos han aportado 22.000 millones de euros a la economía, 17.000 empleos directos y 2.800 millones en recaudación fiscal. Jack Chambers, ministro de Gastos Públicos, los ha calificado como "una parte central del futuro económico y digital de Irlanda" y ha criticado que el debate público se centre "solo en atacar a los centros de datos".
Sin embargo, las cifras de consumo han abierto un debate interno cada vez más intenso. Distintos estudios atribuyen ya entre un 2,5% y un 4% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país a estas instalaciones, y la demanda de energía empieza a superar la capacidad renovable que se añade cada año. Para hacer frente a esta presión, el regulador energético irlandés ha adoptado una política que exige a los grandes proyectos cubrir el 80% de su demanda con nueva generación renovable de origen local en un plazo de seis años, bajo amenaza de no poder conectarse a la red. La medida pretende evitar que el crecimiento de los centros de datos se traduzca en un aumento de las emisiones o en una mayor dependencia de combustibles fósiles.
El dilema irlandés no es aislado. En Estados Unidos, la cercanía de los centros de datos a ciertas ciudades y estados ya está provocando subidas en la factura eléctrica de hogares que nada tienen que ver con la industria tecnológica, un efecto que podría replicarse en Europa si la tendencia no se modera. En el caso irlandés, además, existe un componente geopolítico: el país se ha consolidado como uno de los principales nodos de la nube europea, y cualquier restricción energética podría tener repercusiones más allá de sus fronteras.
A la espera del próximo informe de la CSO, que permitirá conocer los datos de 2026, el Gobierno irlandés insiste en su estrategia de "integrar de manera sostenible" la demanda de gran escala con los objetivos de descarbonización. Pero las cifras actuales —un 23% del consumo nacional y un crecimiento interanual del 10%— dibujan un escenario en el que la sostenibilidad de la red eléctrica y el modelo económico digital chocan de forma cada vez más visible. Irlanda se ha convertido, sin buscarlo, en el laboratorio europeo de una tensión que pronto podrían enfrentar otros países.