Una nueva ola de litigios contra propietarios de viviendas multifamiliares está emergiendo en Estados Unidos, impulsada por regulaciones estatales y municipales recientes que restringen el uso de algoritmos para fijar rentas. Estas normas ofrecen una vía más sencilla para establecer la responsabilidad legal frente a las tradicionales demandas antimonopolio, autorizando multas significativas y daños estatutarios.
Tras las acciones legales federales y privadas contra empresas como RealPage y Yardi, ciudades como San Francisco, San Diego, Seattle, Filadelfia y Providence han aprobado ordenanzas que prohíben el uso de dispositivos algorítmicos que compartan información no pública de competidores o coordinen precios. Los demandantes están utilizando estos marcos legales para presentar reclamaciones derivadas de los casos anteriores contra grandes gestores inmobiliarios como Greystar, UDR y Willow Bridge.
Las sanciones varían según la jurisdicción: San Francisco y San Diego imponen multas de hasta 1.000 dólares por violación, mientras que Seattle alcanza los 7.500 dólares. En Filadelfia, los inquilinos pueden optar por daños triples o 2.000 dólares por infracción. Esta expansión regulatoria crea un entorno legal más complejo para el sector inmobiliario, donde cada mes de uso del software en una unidad puede constituir una violación separada.