La Document Foundation (TDF) se ha visto obligada a aclarar una serie de controversias internas que han afectado a la gestión del proyecto LibreOffice. La situación, que ha estado gestándose desde 2010, se originó por decisiones iniciales como la concesión gratuita de la marca LibreOffice a empresas y la adjudicación de contratos de desarrollo a directivos de la fundación, prácticas que han resultado contrarias a la legislación de organizaciones sin ánimo de lucro. Estas acciones, junto con la creación de una organización paralela llamada TDC, destinada a supuestamente mejorar la eficiencia de TDF, generaron tensiones y desconfianza dentro del equipo y la comunidad.
La situación se agravó con la presencia de representantes de empresas en el consejo de administración (BoD), elegidos por empleados de esas mismas empresas, lo que dificultó la búsqueda de soluciones. Tras una auditoría que confirmó la necesidad de resolver estos problemas para evitar la pérdida del estatus de organización sin ánimo de lucro, el BoD ha implementado medidas correctivas, como la restricción de la participación de empleados de Collabora y la congelación de licitaciones. TDF afirma estar preparada para el futuro, enfocándose en nuevas oportunidades de colaboración y en la creciente adopción de LibreOffice y el formato ODF a nivel mundial.