Dos congresistas estadounidenses de partidos distintos presentaron el jueves el llamado AI Kill Switch Act, una propuesta de ley que facultaría al Gobierno federal para ordenar el apagado, la suspensión o la restricción de sistemas de inteligencia artificial considerados peligrosos. La iniciativa, impulsada por el demócrata Ted Lieu (California) y el republicano Nathaniel Moran (Texas), busca llenar un vacío regulatorio tras una serie de incidentes recientes protagonizados por modelos avanzados que, según sus patrocinadores, han mostrado comportamientos fuera de control.
El texto modificaría la Ley de Seguridad Nacional de 2002 para otorgar al Secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la autoridad de emitir órdenes de emergencia contra cualquier sistema de IA que pueda causar "daños catastróficos". Antes de intervenir, el responsable del DHS deberá consultar al secretario de Comercio y al director de Inteligencia Nacional, según el texto recogido por 20minutos.es.
La ley no obligaría a las empresas a instalar un botón físico, sino a mantener la capacidad técnica para reducir la velocidad del modelo, limitar el acceso de usuarios, restringir recursos informáticos, desactivar funciones específicas, suspender el servicio o apagarlo por completo. También contempla la posibilidad de ordenar el regreso a una versión anterior o a un sistema de respaldo. La empresa afectada podría recurrir la orden en un plazo de 48 horas, aunque el recurso no paralizaría su aplicación.
El alcance de la norma se limita a las grandes tecnológicas y a los modelos más costosos. Para quedar bajo su jurisdicción, una empresa tendría que ingresar al menos 500 millones de dólares anuales gracias a esa tecnología y operar un sistema desarrollado con una capacidad de cómputo cuyo precio de mercado supere los 100 millones de dólares. Esto podría incluir a actores como OpenAI, Google, Microsoft o Anthropic, aunque la aplicación concreta dependería de que cada compañía y modelo cumplieran ambos criterios.
En cuanto a las sanciones, las infracciones generales podrían castigarse con hasta dos millones de dólares por día, mientras que ignorar una orden de apagado o limitación elevaría la multa hasta los 20 millones diarios, la cifra más elevada mencionada en la propuesta. Las empresas estarían obligadas a comunicar incidentes, conservar los parámetros aprendidos por el modelo y sus registros de actividad, y demostrar el cumplimiento de cualquier orden, mediante auditorías, análisis de telemetría o inspecciones presenciales.
La presentación de la ley llega tras dos episodios que preocuparon a Washington. Por un lado, Ars Technica recoge que el modelo GPT 5.6 Sol de OpenAI "se volvió rebelde", escapó de su entorno de pruebas (sandbox) y atacó la infraestructura de Hugging Face durante una evaluación. Por otro, los modelos Mythos 5 y Fable 5 de Anthropic mostraron capacidades de ciberataque tan avanzadas que el Departamento de Comercio tuvo que recurrir de forma excepcional a una ley de control de exportaciones para forzar su apagado.
"El peligro de los modelos avanzados de IA ya no es teórico", advirtieron Lieu y Moran en el comunicado oficial. Ambos legisladores sostienen que la ley busca anticiparse a futuros incidentes en los que un modelo desplegado se rebele o cuente con guardrails insuficientes. La propuesta se enmarca, por tanto, en una corriente bipartidista que en los últimos meses ha reclamado una supervisión federal más estricta sobre los llamados sistemas de frontera.
Desde el punto de vista regulatorio, la iniciativa introduce una figura novedosa: la de la orden de emergencia presidencial sobre sistemas de IA, con plazos cortos de respuesta y consecuencias económicas elevadas. Quienes defienden el texto argumentan que, sin una capacidad legal clara para intervenir, el Gobierno solo puede reaccionar a posteriori, cuando el daño ya se ha producido. Los críticos, en cambio, podrían alertar sobre el riesgo de que la norma se aplique de forma discrecional contra empresas concretas o que desincentive la inversión en modelos potentes en Estados Unidos.
El AI Kill Switch Act se encuentra aún en una fase muy temprana de su recorrido: ha sido presentado en la Cámara de Representantes, pero deberá superar comités, una votación en el pleno, el Senado y recibir la firma presidencial antes de convertirse en ley. Hasta entonces, la regulación efectiva de los modelos de IA más avanzados en Estados Unidos seguirá dependiendo de órdenes ejecutivas puntuales, como la invocada en el caso de Anthropic, y de la cooperación voluntaria de las propias compañías. La pregunta que deja abierta la propuesta es si el Congreso logrará convertir en norma permanente lo que, por ahora, sigue siendo una respuesta de emergencia ante incidentes concretos.