La Administración de Donald Trump recurre a un arsenal de leyes comerciales poco utilizadas o directamente olvidadas para sostener su guerra arancelaria global tras el varapalo del Tribunal Supremo, que tumbó los gravámenes impuestos al amparo de la Ley de Emergencia Nacional. La primera respuesta fue la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permitió aplicar un arancel global del 10% durante 150 días, plazo que vence este 24 de julio. La medida fue impugnada por pequeñas empresas y una coalición de estados, y un tribunal federal de comercio dio la razón a los demandantes en mayo, aunque los aranceles siguen cobrándose durante la apelación.
Para dar mayor recorrido a su política, la Casa Blanca ha activado la Sección 301 de la misma ley de 1974. El representante comercial Jamieson Greer ha abierto investigaciones contra 60 países por importaciones vinculadas al trabajo forzoso y contra 16 socios comerciales —incluidos China, la UE y Japón— por sobreproducción de bienes. Bajo esta sección, la Administración propuso aranceles del 10% para 16 países y del 12,5% para otros 44, similares a los de la Sección 122, aunque aún debe completar el proceso de comentarios y audiencias. Greer anticipó que podrían abrirse pesquisas adicionales sobre impuestos digitales, precios farmacéuticos o contaminación oceánica.
En paralelo, Trump firmó esta semana órdenes que invocan la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, conocida como Smoot-Hawley, nunca utilizada hasta ahora. La norma autoriza aranceles punitivos de hasta el 50% contra socios que discriminen productos estadounidenses. El presidente la aplicó a Canadá con un gravamen del 50% a exportaciones por miles de millones de dólares, exentas para energía, potasa, pescado, minerales críticos y productos bajo la Sección 232. Los nuevos gravámenes entrarán en vigor el 19 de agosto.