Las cámaras de lectura automática de matrículas pueden alertar en tiempo real sobre vehículos robados y conservar registros históricos con la ubicación, la fecha y la hora de cada captura. Su bajo coste favorece una expansión difícil de detener, pero una cobertura casi total permitiría reconstruir con precisión los desplazamientos de una persona. Por ese motivo, el autor sostiene que las consultas retrospectivas de estos archivos deberían exigir una orden judicial, mientras que las alertas activas seguirían funcionando sin ella.
La distinción central reside en el uso de los datos. Una alerta inmediata compara una matrícula con una lista de vehículos buscados; una búsqueda histórica reconstruye itinerarios, visitas recurrentes o lugares de residencia. El texto considera razonable revisar unos minutos de datos durante una emergencia, pero rechaza que la policía pueda consultar el historial sin autorización previa. La retención limitada tampoco resuelve el problema: un plazo demasiado corto reduce la utilidad de las cámaras y no impide por sí solo búsquedas abusivas.
La argumentación se apoya en decisiones como Carpenter contra Estados Unidos, Chatrie y Leaders of a Beautiful Struggle contra Baltimore, que elevaron el nivel de protección ante tecnologías capaces de reflejar la vida cotidiana de una persona. El autor propone que las legislaturas estatales establezcan procedimientos obligatorios para solicitar órdenes y reduzcan la dependencia de políticas internas de las fuerzas de seguridad. A su juicio, esta regulación permitiría conservar una herramienta policial útil sin normalizar la vigilancia indiscriminada.