El gobierno de Australia, liderado por el Partido Laborista, evalúa un acuerdo con grandes tecnológicas de EE. UU. que permitiría a las empresas de inteligencia artificial acceder a obras creativas australianas por defecto, priorizando el desarrollo de infraestructura de centros de datos. Esta propuesta, revelada tras reuniones con OpenAI, ha generado fuertes críticas por parte de los defensores de los derechos de autor, quienes advierten que se sacrificaría la protección legal de los creadores para facilitar la financiación tecnológica.
El senador independiente David Pocock calificó la medida como una opción que "metría los intereses de las empresas de IA por encima de los de los australianos comunes", argumentando que no debería recaer la carga de defender derechos ya existentes sobre el contenido que crean y poseen. El documento consultivo, titulado "AI on Australian Terms", sugiere que las empresas de IA podrían acceder a material online no protegido o extender licencias a creadores pequeños a través de organizaciones de derechos, una práctica que los titulares de derechos consideran inviable.
A pesar de las críticas, el ministro de Industria Tim Ayres aseguró que las nuevas reglas de IA no reducirían la protección de derechos de autor, mientras que el viceprimer ministro Richard Marles destacó la oportunidad económica de colaborar con empresas fronterizas en territorio australiano. Por su parte, la senadora de los Verdes Sarah Hanson-Young calificó la propuesta de "abominable", señalando que los músicos, escritores y artistas han presionado por evitar que la tecnología tome su trabajo sin compensación. La consultora está siendo gestionada por la abogada general Michelle Rowland, quien promete garantizar control y compensación justa en cualquier cambio futuro.