La verificación de edad, impulsada en distintos estados de EE. UU., países europeos y Australia bajo el argumento de proteger a menores, funciona en la práctica como un sistema de atribución de identidad que vincula cuentas digitales con identidades físicas reales (documento de identidad, número de seguridad social). El artículo parte de una premisa clave: para actuar, las fuerzas de seguridad necesitan saber qué ocurrió y quién fue. Si la primera cuestión se resuelve mediante el monitoreo de redes sociales, la segunda exige OSINT, citaciones a proveedores de servicios o acceso a direcciones IP y datos de contacto, procedimientos costosos, lentos y poco escalables. Las leyes de verificación de edad eliminan ese obstáculo: exigen al usuario entregar documentación oficial para acceder a plataformas, lo que permite a las autoridades, según el texto, obtener de forma casi automática datos identificativos de cualquier persona, sin necesidad de causa probable ni investigación previa. El autor sostiene que, una vez que la mayor parte de la población haya pasado por ese filtro, el proceso se automatizará: bastará con publicar un mensaje incómodo sobre un político o participar en un chat conflictivo para recibir una advertencia o una visita policial, replicando el modelo de las cartas que los proveedores de internet enviaban en nombre de las discográficas. El texto recomienda no verificar la edad ni ceder datos identificativos, y, en caso de ser imprescindible, sugiere recurrir a servicios de verificación y pagar con Monero para preservar el anonimato.
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