La Unión Europea ha aprobado una normativa que, a partir de 2027, exigirá que los teléfonos móviles incluyan baterías fácilmente extraíbles y sustituibles por el propio usuario, como parte de su estrategia para reducir los residuos electrónicos y combatir la obsolescencia programada. En 2022 se generaron 62 millones de toneladas de basura electrónica en el mundo, una cifra que podría llegar a 82 millones en 2030, según datos recogidos en el texto.
El reglamento define como "fácilmente extraíble" toda batería que pueda retirarse con "herramientas comercialmente disponibles" y sin utillaje especializado, energía térmica ni disolventes. Si el fabricante necesita una herramienta concreta para abrir el dispositivo, estará obligado a entregarla gratis junto al producto o al repuesto. Quedan así prohibidas las baterías pegadas a la placa que dominan la industria actual.
La ley también impide que el software del terminal bloquee la sustitución de la batería. Además, los fabricantes deberán mantener la batería como pieza de recambio a la venta durante al menos cinco años a un precio razonable, con el objetivo de prolongar la vida útil de los dispositivos y abaratar las reparaciones frente a la compra de un equipo nuevo.