Un análisis de 3.519 ofertas de empleo en ocho países de la Unión Europea revela un desfase estructural entre la construcción de inteligencia artificial y su supervisión legal. Por cada profesional contratado para garantizar que la IA cumpla la ley, sea segura y rindan cuentas, las empresas europeas contratan a casi siete ingenieros dedicados a desarrollar más sistemas. Los datos proceden de la consultora Axipro, que clasificó las ofertas en dos bloques: roles de construcción (builders) y roles de gobernanza, y calculó su proporción país por país.
Suecia presenta la brecha más ancha, con dieciséis desarrolladores por cada gobernanza; Francia le sigue con 11,4 a 1. Irlanda es el país más equilibrado (3,5 a 1), aunque esa apariencia responde a la presencia en Dublín de grandes tecnológicas estadounidenses sometidas simultáneamente al Reglamento de IA y a DORA. Cuanto mayor es el músculo técnico de un país, mayor tiende a ser el déficit de gobernanza.
El estudio incorpora otro dato revelador: solo el 28,5 % de las ofertas de gobernanza menciona expresamente el Reglamento de IA, y apenas el 4 % de las ofertas técnicas lo cita. La mayoría de los puestos se titulan en torno a ideas adyacentes (riesgo, ética, validación de modelos, protección de datos), sin vincularse a las evaluaciones de conformidad, la documentación técnica y la supervisión humana que la norma exige. Casi la mitad de los puestos de gobernanza procede de empresas de más de 5.000 empleados, lo que deja a la pyme europea especialmente expuesta. Las sanciones por incumplimiento más grave alcanzan los 35 millones de euros o el 7 % del volumen de negocios global, un techo que supera las multas del RGPD.