Negociadores del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión alcanzaron un acuerdo para modernizar la directiva de la UE contra los abusos sexuales a menores, vigente desde 2011 y considerada obsoleta ante la transformación digital. La reforma, pendiente de aprobación formal, introduce por primera vez como delito común en todos los Estados miembro el pago por acceder a emisiones en directo de abusos a menores, un modelo de negocio en auge en la darknet y plataformas cifradas que hasta ahora sorteaba los tipos penales clásicos al no existir un archivo descargado.
La nueva directiva penaliza también con hasta dos años de cárcel diseñar, adaptar, poseer o distribuir sistemas de inteligencia artificial creados para generar material de abuso o deepfakes, así como redactar, poseer o difundir instrucciones y prompts que detallen cómo producir dicho material. En el ámbito de la sextorsión, se unifica la tipificación de la extorsión sexual digital a menores, y se amplía el delito de grooming para abarcar situaciones en las que la víctima ya tenga la edad legal de consentimiento pero el agresor recurra a coacciones, amenazas o suplantación de identidad.
La Comisión Europea cifró en más de 23 millones las notificaciones de abuso sexual infantil en internet en 2025, frente a un millón en 2010, y en casi 62 millones los archivos detectados solo el año pasado. Los casos de grooming en línea se han multiplicado por treinta en cinco años. La reforma obliga a los Estados a eliminar o bloquear sin demora los contenidos alojados en su territorio, eleva los límites de prescripción a hasta 32 años tras la mayoría de edad en los delitos más graves y garantiza a las víctimas acceso gratuito a asistencia médica, psicológica y jurídica. Establece además una obligación de denuncia para profesionales en contacto con menores. Los países dispondrán de tres años desde la publicación en el Diario Oficial para transponer la directiva.