La organización Amnistía Internacional ha publicado un informe que denuncia una "campaña de limpieza étnica impulsada por el Estado" israelí en Cisjordania, con una aceleración deliberada de la anexión de territorio palestino. Su directora, Agnes Callamard, advierte de que la comunidad internacional, y en particular la UE, es culpable de atribuir la anexión a la "violencia de unos colonos extremistas", como si se tratara de "unas manzanas podridas", exonerando al resto y al propio proyecto estatal.
Ese relato guía desde hace décadas la política europea: las sanciones de la UE, anunciadas el 28 de mayo por la jefa de diplomacia Kaja Kallas, se han limitado a un puñado de colonos calificados de "extremistas" que "socavan la solución de los dos Estados". La distinción ignora que la ocupación colonial y el sistema de apartheid en su conjunto violan el derecho internacional, recuerdan relatores de Naciones Unidas, que han alertado del "terror de los colonos" ejercido con la aquiescencia del Estado israelí.
Una investigación internacional basada en más de 30.000 documentos, divulgada por elDiario.es y elaborada por Global Echo, revela que la UE, junto a Suiza, Noruega y Reino Unido, importa productos de los asentamientos ilegales con la etiqueta "Producto de Israel", gracias a certificaciones inválidas. El Gobierno de Netanyahu ha aprobado la mayor ampliación de asentamientos en treinta años, una decisión adoptada desde Tel Aviv que consolida la transferencia de población, considerada crimen de guerra por el derecho internacional.