Un artículo publicado en el NYU Journal of Law & Liberty sostiene que la doctrina de la responsabilidad por impacto dispar, establecida por la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Griggs v. Duke Power Co. (1971), ha extendido de forma desproporcionada el alcance del Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Los autores argumentan que la Corte interpretó la norma —contrariamente al peso abrumador de la evidencia— para prohibir no solo la discriminación intencional o inconsciente, sino también cualquier práctica laboral que produzca un impacto adverso desproporcionado sobre un grupo protegido por raza, color, religión, sexo u origen nacional, sujeta únicamente a una defensa de necesidad empresarial.
El texto señala que resulta extraordinariamente difícil identificar un requisito de selección laboral efectivamente utilizado que carezca de impacto dispar sobre algún grupo, lo que convierte la práctica empresarial cotidiana en potencialmente ilícita. El análisis recorre la historia de la doctrina, la acquiescencia legislativa que el Congreso supuestamente mostró en 1991 al codificarla, la amplia discreción que confiere a la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) y su aplicación concreta a las verificaciones de antecedentes penales. Por último, examina los argumentos sobre la constitucionalidad de este régimen. Se trata de una crítica académica al alcance expansivo del Título VII tal como ha sido interpretado por los tribunales federales.