En 1975, la empresa Aspen Skiing Corporation necesitaba el permiso del Servicio Forestal de Estados Unidos para subir el precio del forfait de 10 a 12 dólares. Tras una oleada de cartas de vecinos y la presión del senador demócrata por Colorado Floyd Haskell, el organismo solo autorizó una subida del 10 %, hasta los 11 dólares. Hoy, ese ticket costaría unos 66 dólares ajustados a la inflación, pero Aspen cobra 254 dólares por jornada; Vail, que tenía los mismos precios a mediados de los setenta, llega hasta los 356 dólares, un 436 % más en términos reales.
El artículo repasa medio siglo de regulación federal sobre los precios de los remontes en estaciones instaladas en suelo público. Explica cómo el Servicio Forestal, a través de sus permisos anuales, llegó a vetar subidas consideradas abusivas y cómo la idea de "estaciones de esquí de propiedad pública" —esquí para la familia local— articuló el debate político. Detalla el impulso desregulador de la presidencia de Jimmy Carter, basado en un informe redactado por consultores vinculados a la industria, la posterior re-regulación breve por las políticas antinflacionistas del propio Carter y el abandono definitivo de la intervención bajo Ronald Reagan, cuya ley de 1986 fijó los permisos de 40 años y unas tasas consideradas por la GAO inferiores al valor de mercado. El texto también documenta el papel de grupos ciudadanos como el Skiflation Committee de Ketchum y de políticos como la representante de Colorado Nancy Dick en la defensa del control de precios, y apunta al actual duopolio del sector como consecuencia de esa desregulación acumulada.