Dario Amodei, consejero delegado de Anthropic, sostiene que solo los modelos de IA de pesos abiertos que carezcan de capacidades peligrosas constituyen un bien público y aboga por pruebas de seguridad obligatorias organizadas por el Gobierno y controles de exportación, incluida la restricción de la "destilación a escala industrial" desde China. Esta columna argumenta que esa propuesta favorece estructuralmente a los grandes proveedores de modelos propietarios como Anthropic, que ya cuentan con la infraestructura legal, de cumplimiento y de evaluación necesaria, frente a laboratorios universitarios, startups o comunidades, que no pueden satisfacer un régimen basado en costosas evaluaciones previas al lanzamiento, monitorización continua del uso, verificación de identidad y acceso revocable. Además, la supuesta simetría entre evaluar modelos cerrados y abiertos es ficticia: un modelo abierto debe superar un estándar más exigente porque los usuarios pueden eludir sus salvaguardas, lo que encaja con la definición de captura regulatoria. El artículo critica además que Amodei ignore las ventajas de los modelos abiertos —ejecución autónoma, previsibilidad de costes, inspección e investigación— y advierte de que los controles de exportación ya están empujando a China a fabricar sus propios chips, reduciendo la ventaja occidental. Concluye que el verdadero efecto de la propuesta sería reservar la frontera de la IA para unas pocas empresas y ceder el liderazgo abierto a China.
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