La policía ejecuta el desahucio de Maricarmen tras la negativa del fondo
La comisión judicial ha iniciado la ejecución del desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años que lleva 71 años habitando su vivienda en el distrito de Retiro, Madrid, tras la negativa del fondo inmobiliario Urbagestión a alcanzar un acuerdo. Según reportes de El Diario.es, la abogada de la residente, Beatriz Duro, confirmó la ejecución del desalojo mientras la policía desplegó una fuerza considerable para despejar la movilización social que intentaba frenar el acceso a la puerta. La operación, que se produce en el cuarto intento de desahucio en los últimos meses, ha requerido el despliegue de más de 200 agentes antidisturbios, según el Sindicato de Inquilinas, que ha denunciado el uso de gas y la carga de decenas de personas que permanecieron sentadas en la acera desde la noche.
El conflicto se ha centrado en la negativa de Urbagestión a aceptar las ofertas de mediación. La empresa, que reclamaba subir el alquiler de 500 euros a 2.650 euros, rechazó la última propuesta de la mediación. Horas antes del desalojo, la inmobiliaria también descartó una oferta de una escritora anónima dispuesta a cubrir la diferencia de precio para evitar el lanzamiento. Maricarmen, cuya pensión apenas supera los 1.000 euros, no ha aceptado estas condiciones, lo que ha llevado a la jueza a ordenar la ejecución del desahucio. El Sindicato de Inquilinas ha señalado que el Consejo de Ministros podría frenar el proceso si se aprueba el decreto de vivienda, aunque la jueza ha ordenado su ejecución.
El contexto legal del caso es particularmente delicado debido a la naturaleza de la vivienda. Maricarmen reside en un piso de 'renta antigua', un tipo de contrato firmado antes del 9 de mayo de 1985 que se rige por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964. Esta ley otorga a los inquilinos un derecho a la prórroga forzosa, es decir, el propietario debe renovar el contrato indefinidamente mientras viva el inquilino. Sin embargo, la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 limitó este privilegio a dos subrogaciones tras la muerte del titular original, una restricción que ha generado cientos de casos similares en España, donde quedan unos 125.000 contratos de este tipo. La clave del caso es que Maricarmen, con una discapacidad del 50%, no cumple con el umbral necesario para mantener el contrato indefinido, lo que ha permitido a Urbagestión ganar en el Tribunal Supremo para exigir la salida.
La reacción social ha sido intensa. Durante la madrugada, cientos de personas acamparon frente al portal de la vivienda, incluyendo figuras conocidas como Ana Belén, Inés Hernand y Carlos Bardem, para mostrar su rechazo al desahucio. La policía llegó a expulsar a los medios de comunicación de la zona, una medida que el Sindicato de Inquilinas tacha de ataque a la libertad de expresión, aunque fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid aclaran que el despliegue policial sigue instrucciones judiciales y que su departamento está en contra del desahucio. El Ayuntamiento de Madrid, a través de Samur Social, ha ofrecido alternativas habitacionales, pero Maricarmen ha manifestado su rechazo a las plazas ofrecidas hasta la fecha.
Este caso se enmarca en una tendencia nacional preocupante. Según datos del CGPJ, en el primer trimestre de 2026, España registró 4.005 desahucios. De estos, 2.600 se deben al impago del alquiler bajo la Ley de Arrendamientos Urbanos, mientras que 971 se atribuyen a impagos de hipotecas. La curva de desahucios en la última década ha sido descendente, pero la situación actual refleja la tensión creciente entre el mercado inmobiliario y los derechos de los inquilinos, especialmente en el sector de la renta antigua, donde la protección legal es más compleja y, a menudo, menos efectiva ante las presiones económicas de los propietarios.