SpaceX captó 75.000 millones de dólares en su salida a bolsa esta semana, casi el triple que cualquier otra empresa en una OPV, impulsadada por el entusiasmo inversor ante sus planes de centros de datos espaciales y una colonia humana permanente en Marte. La operación, sin embargo, expone las tensiones de un modelo de gobernanza que concentra el poder sin precedentes en su cofundador y consejero delegado, Elon Musk, que controla el 85,1 % de los derechos de voto. Los estatutos solo permiten destituirlo si él mismo vota a favor, lo que algunos inversores críticos han calificado de "novedoso y extremo".
Ese esquema es la culminación de la cultura de "propiedad extrema" que SpaceX promueve desde 2002, cuando un puñado de ingenieros trabajaba en un almacén del área de Los Ángeles y que hoy reúne a más de 22.000 empleados. Las ofertas de empleo instan a los ingenieros a "demostrar propiedad extrema, del concepto a la entrega", y los empleados asumen responsabilidades totales sobre sus productos. Varios exempleados y el primer trabajador de la empresa, Tom Mueller, explican que la clave es dejar que los expertos tomen decisiones y rindan cuentas, sin microgestión.
Los fondos de pensiones públicos más grandes del país pidieron a Musk que cediera parte de su control antes de la OPV, algo que no ocurrió. SpaceX afronta retos considerables: la adquisición de xAI, el laboratorio de IA de Musk que registra pérdidas, ha dejado al conjunto sin beneficios, y el cohete Starship aún no opera de forma fiable. El modelo de propiedad extrema implica que, si algo falla, Musk solo podrá culparse a sí mismo.