España posee uno de los parques de vivienda pública más reducidos de la OCDE, con solo el 1,5% del total de viviendas principales, muy por debajo del promedio de 7,1% de la organización. El Banco de España advierte que esta escasez limita la capacidad del Estado para absorber la demanda de hogares de bajos ingresos en el contexto de la crisis residencial actual. El regulador bancario señala que, aunque se han construido 11.000 viviendas protegidas en el último año, la cifra sigue muy por debajo de las 62.000 anuales de la década de 1990.
Un factor determinante para esta situación es la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, conocida como la Ley Montoro, aprobada en 2012 y complementada por la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local en 2013. Estas normas, diseñadas para controlar el gasto público tras la recesión, condicionaron la política local de vivienda. Aunque la ley reconoce la competencia municipal en materia de vivienda, la excluye de las "servicios esenciales" y la obliga a aplicar criterios estrictos de sostenibilidad financiera. Esto ha limitado la capacidad de los consistorios para endeudarse o invertir en infraestructuras de vivienda pública, priorizando la estabilidad presupuestaria sobre la expansión del parque habitacional protegido.