El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, eludió este jueves aclarar si el Ejecutivo autonómico modificará el término «violencia de género» por el de «violencia doméstica» en los criterios de acceso a las ayudas al alquiler social, tal como hizo el Ayuntamiento de Valladolid, gobernado también por PP y Vox. Carriedo marcó distancias con la decisión municipal al recordar que se trata de una competencia del consistorio y que la Junta no valora las actuaciones de otras administraciones en su ámbito. Defendió el pacto de gobierno entre PP y Vox como «muy detallado, concreto y preciso» y aseguró que es el guion que seguirá el Ejecutivo autonómico.
El acuerdo de gobierno autonómico menciona expresamente a las «víctimas de violencia contra la mujer» en medidas fiscales como la rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales para la primera vivienda, pero su apartado 15, dedicado a vivienda, no recoge ningún cambio equivalente al aprobado en Valladolid. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, calificó el cambio de «insulto a las víctimas y falta de lealtad al pacto de Estado» y acusó al PP de desmantelar políticas de igualdad donde gobierna con la extrema derecha.
En Valladolid, la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA) aprobó el 28 de mayo, con los votos de PP y Vox, un nuevo protocolo que sustituye la referencia a víctimas de violencia de género por la de violencia doméstica. El PSOE advierte de que el cambio puede dejar fuera a mujeres que no conviven con sus agresores, UGT reclama recuperar el término y el Grupo Municipal Socialista estudia si la modificación incurre en ilegalidad.