La jueza que instruye la causa por la dana del 29 de octubre de 2024, que causou 232 fallecidos, ha rechazado en un auto los recursos de reforma presentados por las defensas de la exconsellera Salomé Pradas y del exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso. Ambos investigados se oponían a que se solicitara a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, la entrega voluntaria de sus llamadas y mensajes de aquella jornada. La magistrada considera que las defensas no aportan prueba ni testimonio que justifique esa diligencia, dado el tiempo transcurrido desde las declaraciones testificales y el gran número de pruebas practicadas. Además, afirma que parten de una «premisa errónea» por su «inconcreción» y por un «claro desplazamiento y elusión de responsabilidades» en la vigilancia «de algo tan vital» como el control de los barrancos, una competencia atribuida a quienes ostentaron la dirección del Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunitat Valenciana. El auto recuerda que Pradas y Argüeso tuvieron la posición de garante desde la activación del plan para evitar el resultado letal. Mientras Bernabé se negó a aportar su lista de comunicaciones, Polo ya entregó a la comisión de las Corts un documento con sus llamadas y mensajes del 29-O, incorporado ahora al procedimiento.
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